La confesionalidad del Estado costarricense
Históricamente sabemos que la Iglesia católica ha sido un actor social y político de gran relevancia en el país. Este reconocimiento ha estado legitimado primordialmente desde la Constitución Política en el artículo 75, lo que le ha procurado a la Iglesia poder institucionalizar su doctrina en el nivel público y establecer un principio rector que, como moral universal desde los valores cristianos, determina el comportamiento de cada uno de los ciudadanos del país. Esto quiere decir que el Estado no solamente vela por el mantenimiento económico de la institución eclesial católica, sino que contribuye para que su ideología forme parte del andamiaje político y social que sostiene la idiosincrasia costarricense en general.
Es lógico que si hablamos de una alianza estratégica de dos instituciones de suma importancia que buscan intereses comunes en el terreno de lo público estamos haciendo referencia a dos categorías que están a la base del discurso y de las acciones que va describiendo Maroto y son: el poder y la dominación. Max Weber, sociólogo alemán, habla de la denominación en el sentido de que toda autoridad se organiza en torno a intereses particulares; el mandato de quien domina influye sobre los actos de otras personas, de tal manera que “en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (obediencia)”. Como poder se refiere a la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social (Weber, 1969b: 699).
Es muy interesante como las dominaciones (carismática, tradicional y la legal) con todo el ensamblaje simbólico que las legitima, aparecen muy claramente en la descripción de la relación Estado-Iglesia que hace la autora de los tres momentos del periodo 2007-2010 en otro artículo titulado "Construcción de la legitimidad en las relaciones Estado-Iglesia Católica en Costa Rica, 2007-2010". La legitimidad de la autoridad que tiene la Iglesia Católica no es, entonces, consecuencia de la imposición lógica de verdades alcanzadas o reveladas o de un estatuto político hábilmente introyectado en la conciencia colectiva, sino que acontece en razón del intercambio simbólico que se da entre ambas instituciones, lo que las favorece enormemente y garantiza el mantener el poder y la dominación. Un orden social que distribuye asimétricamente los recursos de coacción y las oportunidades materiales de vida sólo adquiere validez en la medida en que sus relaciones de dominación tienen significación social, es decir, están ancladas en las creencias compartidas de la sociedad.
Por ello, la relación entre Iglesia y Estado constituye mecanismos de integración entre intereses particulares y valores generales: "[...] en los últimos veinte años, los temas que han generado mayor participación de la jerarquía de la Iglesia Católica en la vida política del país, ha sido la discusión de políticas, planes, programas o leyes relacionadas con los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y la educación religiosa en el sistema público de la educación" (Maroto, 2013, p. 196).
Surge la pregunta de cómo sería la relación de un posible gobierno de un partido cristiano evangélico con la Iglesia Católica o qué otros actores sociales podrían entrar en juego y de qué manera. Pero por el momento sabemos que hay temas que son de mutuo interés entre la Iglesia católica y las diferentes tendencias socio-religiosas evangélicas y desde los cuales se podría iniciar el diálogo, entre ellos todo lo que tiene que ver con las practicas y discursos sobre sexualidad, la heterosexualidad obligatoria, la hegemonía masculina, la familia tradicional y el matrimonio.
Dentro de la reflexión y derivando en temas como la sexualidad, se argumenta que el poder de la Iglesia surge de la
confluencia de las normas (que producen y autorizan conocimientos) y fuerzas
sociales (el papel que juegan esos conocimientos en el actuar de las personas).
De este modo, algunos de estos conocimientos tienen que ver con la sexualidad
de los costarricenses en el sentido de que, a partir de ellos, se han definido
pautas de comportamiento, educación y salud. Efectivamente, ha sido la Iglesia
la que ha pronunciado un discurso sobre la sexualidad, en momentos claramente
estratégicos, que va en contra de las ideas modernas que se han planteado en el
ámbito publico desde hace mucho tiempo. Por ello, la exaltación de valores
familiares que generan cohesión en la sociedad costarricense refuerza los
discursos religiosos sobre prácticas sexuales permitidas ha sido un factor
importante en la construcción de la identidad nacional desde la colonia, así
como los distintos movimientos de los trabajadores con un desenlace político
estratégico.
Es la historia la que nos revela una Costa Rica que ha construido su
identidad a partir de la influencia de una sociedad patriarcal que privilegiaba
el papel masculino en la sociedad con un amplio fortalecimiento de
participación en la esfera pública. Con ello podemos deducir cuál sería
entonces el papel de la mujer y qué tipo de valores primarían en la base de la
sociedad; en un texto de Carolina Quedas de la Universidad de Costa Rica dice: “La Costa Rica europea y blanca suponía a la vez una definición precisa
de los espacios y funciones que debían ocupar y desempeñar uno y otro sexo. La
esfera pública correspondía a los varones, proveedores, ciudadanos y jefes de
sus esposas e hijos; el universo privado y doméstico a las mujeres, a las que
les tocaba velar por el bienestar de sus maridos y la crianza de su progenie” (Quesada, 2011, p. 313).
Por ende, se constata que la identidad nacional que se forjó desde el
siglo XIX y que ha venido reconstruyéndose por más de cien años, no sólo era
xenofóbica y clasista, sino que además retrataba una masculinidad hegemónica y
una heterosexualidad obligatoria (p. 310). Y quienes han procurado que esta
identidad se legitime y se mantenga en el imaginario colectivo nacional han
sido las élites liberales y conservadoras que han detentado siempre el poder
político y los representantes de la
Iglesia Católica.
El discurso conservador sobre la sexualidad atraviesa, como una premisa evolutiva, el desarrollo de los y las costarricenses, estableciendo roles específicos legitimados por un cierto modo de educación, satanizando y condenando cualquier manifestación sexual que vaya en contra de lo que ha dictado la ley natural y procurando que al final se viva una heterosexualidad obligatoria (obligación social que se le impone a cada persona de ser heterosexual y al siempre presente ambiente heterosexual en la sociedad patriarcal). La manifestación plena del matrimonio, la familia, constituye uno de los elementos centrales que entrelazan las características de la identidad nacional con los valores católicos.
No obstante, como la construcción de la identidad nacional es una tarea
que se reproduce a lo largo de la historia, es probable que lo que ha
legitimado un tipo de discurso conservador, heterónomo y heterosexual puede
verse amenazado profundamente por la emergencia de nuevos espacios sociales
(redes sociales, Mass Media, comunicación digital) y de nuevos actores
sociales; por la pérdida de credibilidad en las instituciones como la Iglesia
Católica y de otras denominaciones; por las nuevas realidades familiares que
distan mucho de ser la “familia tradicional”; las pautas del mercado económico
global; etc.
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